En la reunión, la Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, y el Director General de Justicia del Gobierno de Cantabria presentaron su propuesta de acuerdo, argumentando la urgencia de alcanzar un consenso para la aprobación de las RPTs de la Administración de Justicia en Cantabria ante la inminencia de la aprobación de la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que el Ministerio de Justicia prevé para el mes de diciembre o enero de 2023, y los reducidos plazos de implantación previstos en el actual proyecto de dicha ley, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados

CCOO argumentó que la pretendida voluntad de consenso con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, que la administración declara en el borrador de acuerdo, adolece de cinismo y es tardía, pues se manifiesta tras un proceso de elaboración de reformas normativas que el Ministerio de Justicia y las CCAA con competencias han acordado - estos sí, por unanimidad y por consenso - que afectan sustancialmente a las condiciones de trabajo y que por ello y por obligación legal debieron ser negociadas, lo que no ha ocurrido hasta el momento. Y tras esta cadena de despropósitos, tras este incumplimiento del deber de negociar cuanto afecta a las condiciones de trabajo del personal al que representamos, solo se nos "invita a los postres", para la suscripción de un acuerdo, con el que se espera que aceptemos una reducidísima compensación económica (especialmente en para puestos de trabajo genéricos) por un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras a quienes representamos, cambio que, según todas las previsiones, no va a ser en absoluto positivo, con ocasión de la implantación de unas relaciones de puestos de trabajo en la Administración de Justicia en Cantabria, el ultimo "ladrillo " de la reforma, cuyo proyecto ni siquiera se nos aporta

De la falta de negociación, hasta el momento, de todos los aspectos de la reforma que afectan a nuestras condiciones de trabajo, es corresponsable el Gobierno de Cantabria, pues tanto el Ministerio de Justicia como las CCAA con competencias han repetido, hasta el hartazgo, que todo ha sido acordado por unanimidad en la Conferencia Sectorial Ministerio de Justicia - CCAA. Y como CCOO no ha renunciado ni renunciará a esta negociación, hemos señalado, en la Mesa Sectorial, los inconvenientes del momento elegido por la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria para promover un acuerdo sobre RPTs, sin haberse negociado previamente el resto de la normativa en la que se sustentan, principalmente por los siguientes motivos:

- Porque estas relaciones de puestos de trabajo se elaborarán en desarrollo de la reforma normativa impulsada por la futura Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, que no ha sido aprobada, sigue siendo un proyecto de Ley en tramitación en el Congreso de los Diputados y soporta más de 1500 enmiendas, y que consideramos viciada de ilegalidad al haber incumplido el Ministerio de Justicia, con la complicidad de las CCAA con competencias, su obligación legal de negociarla antes de su presentación para la tramitación parlamentaria, pues afecta, y muy gravemente, a las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en todo el Estado

- Porque estas RPTs complementarán, asimismo, el “Modelo de Referencia de las Oficinas Judiciales” documento aprobado en la Conferencia Sectorial que reúne al Ministerio de Justicia y a las CCAA con competencias de Justicia, que también afecta a las condiciones de trabajo, culmina la reducción de los centros de destino, y, por tanto, del derecho a la movilidad, y también se aprobó sin previa negociación, información o consulta a los representantes de los trabajadores y trabajadoras, con la misma complicidad del Ministerio de Justicia y de las CCAA con competencias

- Porque otro tanto va a ocurrir con el Protocolo Marco y con los los protocolos de las oficinas judiciales, según manifestaciones de responsables del Ministerio de Justicia, que también condicionan lo que se pueda establecer en las RPTs

- Porque este conjunto de normas supone un brutal atentado contra las condiciones de trabajo de los funcionarios y funcionarias al servicio de la Administración de Justicia: posibilidad de puestos de trabajo deslocalizados, puestos de trabajo adscripción doble o múltiple, a dos o más secciones, o a secciones con jurisdicción en más de un partido judicial, reducción drástica de los centros de destino y, por consiguiente, de la movilidad, nuevas funciones (gestión de medios personales y de medios materiales) asignadas estatutariamente a todos los cuerpos, etc. No podemos ahora, con el pretexto de la elaborar unas relaciones de puestos de trabajo, “blanquear” esta cadena de despropósitos, de incumplimientos legales y de despotismo, ya que nada de esto ha sido negociado pese a la obligación de hacerlo por su repercusión en las condiciones laborales. Y el foro donde debe negociarse todo esto no es la Mesa Sectorial de Justicia de Cantabria, sino la Mesa Sectorial de Justicia estatal

Frente a esta negativa a la negociar algo tan impactante sobre las condiciones de trabajo, CCOO ha venido reclamando la negociación desde el primer momento, desde la primera noticia de la existencia de un Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, ha interpuesto demanda judicial por la falta de negociación, ha solicitado la devolución del Proyecto de Ley por el Parlamento al Gobierno para que sea legalmente negociado previamente a su tramitación parlamentaria, ha propuesto enmiendas a los grupos parlamentarios, ha requerido al Ministerio de Justicia la negociación en la Mesa Sectorial (estatal) de Justicia, en unidad de acción con el resto de organizaciones sindicales con representación en dicha mesa, y también en unidad de acción con otras organizaciones sindicales de la Administración de Justicia de ámbito estatal, ha convocado movilizaciones que pudieran desembocar en en una Huelga General

- Porque el Gobierno de Cantabria, que ya nos tiene acostumbrados con sus ensayos de negociación de proyectos de implantación de la Oficina Judicial y de la Oficina Fiscal, especialmente cuando se acerca el final de las legislaturas autonómicas, sigue sin dotarse de sentido de la oportunidad. Ahora pretende empezar la casa por el tejado, colocando el último pilar normativo del cambio, que es la RPT, cuando el primero, el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, sigue siendo un proyecto en tramitación, proyecto no negociado y a cuya negociación, repetimos, no hemos renunciado ni renunciaremos

- Porque el incremento en el complemento específico que se oferta y que se nos pide que aceptemos a ciegas en la negociación, como compensación por la implantación de una RPT cuyo proyecto ni siquiera se nos ha presentado (obviamente porque no puede aprobarse hasta que sea aprobada la Ley de Eficiencia Organizativa y, con ella, las reformas de la LOPJ que dicha aprobación conlleva) no es digno y en absoluto alcanzará a compensar los cambios (a nuestro juicio deterioro) de las condiciones de trabajo que sobrevendrán como consecuencia de la aprobación, sin negociación alguna por el momento, de la Ley de Eficiencia Organizativa, en combinación con el Modelo de Referencia de las Oficinas Judiciales, tampoco negociado. Y porque la pequeñez de esta oferta económica, especialmente en lo que respecta a los puestos genéricos, es más llamativa en un contexto en el que la administración sigue negándose a cumplir la demanda de CCOO de renegociar el Acuerdo Sectorial de 2008, cuya vigencia estaba prevista para cuatro años. Han pasado catorce desde la suscripción de dicho acuerdo, once desde el fin previsto de su vigencia, y nuestro complemento específico sigue sin revisarse y actualizarse

En cuanto a otros aspectos del borrador de acuerdo que la administración presentó, destacamos las principales alegaciones de CCOO:

- Para CCOO sobra el apartado en el que se manifiesta que los firmantes "aceptan los modelos de referencia de Oficina Judicial asignados a cada uno de los partidos judiciales de la Comunidad Autónoma de Cantabria" (según el Modelo de Referencia de las Oficinas Judiciales aprobado por el Ministerio de Justicia y las CCAA. No podemos aceptar lo que ni siquiera hemos negociado, y no lo hemos negociado porque no se nos ha permitido donde legalmente debió negociarse, que es la Mesa Sectorial estatal

- No aceptamos la exclusión del IMLCF del incremento en el complemento específico bajo el pretexto de que ya tiene RPT desde 2003, porque dicha RPT nunca fue negociada, y porque también existía esa RPT en 2008, cuando negociamos el incremento del complemento específico para todas y para todos

- El apartado "conversión de los refuerzos en plantilla" es un insulto a la inteligencia, pues se nos quiere vender lo que ya tenemos. Todos los incrementos de plantilla que se mencionan han sido reivindicados por CCOO incansablemente en mesas de negociación y, salvo una excepción, ya fueron asumidos por la administración, algunos desde hace mucho tiempo

- Otro tanto ocurre con el compromiso de renegociar la Orden de Vacaciones, Permisos y Licencias, pues dicho compromiso lo adquirió la administración en la Mesa Sectorial de Julio de 2021, y desde entonces estamos esperando

Terminada la reunión de la Mesa Sectorial CCOO presentó un extenso documento en el que, además de exponer más ampliamente nuestra posición y de analizar el borrador de acuerdo con más detalle, hacemos un resumen cronológico de los atropellos del Ministerio de Justicia al saltarse la preceptiva negociación con los representantes de las trabajadoras y los trabajadores y de las acciones emprendidas por CCOO, resumimos el contenido de las enmiendas al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa propuestas por CCOO a los grupos parlamentarios y reseñamos los apartados del Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que consideramos más lesivos para las condiciones de trabajo y para el Servicio Público de Justicia

Finalmente, el Director General de Justicia nos emplazó para una reunión de negociación que tendrá lugar, según sus palabras, aproximadamente en unos quince días